El borrador propuesto para la nueva constitución ya está completo, y ahora entra en una fase de afinamiento.
El 14 de mayo, el plenario de la Convención Constituyente de Chile aprobó la versión final de la propuesta para una sección sobre cuestiones ambientales y de recursos naturales en la nueva constitución que está por votarse en setiembre. Esta es la sección que se espera que tenga el mayor impacto en el sector minero, y el veredicto general entre los especialistas del sector es que es bastante similar al régimen existente.
Para gran alivio de muchos en la industria minera, la propuesta final no incluía cláusulas que exigieran directamente la nacionalización o expropiación de minas y yacimientos, y el plenario rechazó una cláusula controvertida, el Artículo 27, que pedía que los títulos de propiedad fueran temporales y sujetos a leyes secundarias que establecerían las condiciones para su revocación o renovación.
Sin embargo, algunos de los artículos aprobados quedan abiertos a la interpretación, como el Artículo 22, que establece que “la explotación, exploración y aprovechamiento de las sustancias [minerales] estarán sujetos a una regulación que tenga en cuenta su carácter finito, no renovable, de interés público e intergeneracional, [además de tener en cuenta] la protección del medio ambiente”.
“Esto podría no significar nada, como muchas otras cosas del actual ordenamiento jurídico que hoy son meras declaraciones de principios, pero mañana la idea de tener que dejar los recursos minerales a nuestros hijos – lo de ‘intergeneracional’ – podría abrir la puerta a dictar leyes que establezcan cuotas de producción”, dijo el abogado chileno especialista en minería Daniel Weinstein a Chile Explore Report.
Además, muchos en el sector minero esperaban que el comité ambiental presentara los artículos en forma de un Estatuto Minero, que como parte de la nueva constitución podría ser relativamente inmune a futuras modificaciones. Sin embargo, muchos de los temas de la propuesta final dependen de leyes secundarias que en el futuro pueden ser modificadas por proyectos de ley en la forma tradicional, reflejando la voluntad política imperante en cualquier momento.
“Esto deja la puerta abierta para regular asuntos claves, como la propiedad, la indemnización por expropiación, el sistema de concesiones, etc. mediante una ley simple”, señaló Weinstein, y agregó que “los asuntos más importantes no llegaron al borrador final, y con el pleno rechazando la propuesta medular del Estatuto Minero, la regulación constitucional del sector minero quedó básicamente reducida a unos pocos artículos”.
“No está claro cuáles serán las implicaciones de este vacío en la regulación constitucional para el futuro de la actividad minera. En teoría, las leyes no incluidas en el proyecto de constitución pueden ser establecidas o reformadas por una mayoría simple del congreso. Por lo tanto, podría haber todavía una ley que declare que el cobre solo puede ser explotado por el gobierno, por ejemplo. Y la protección de los derechos de los titulares podría ser enmendada o abolida por mayorías ocasionales en el Congreso”, afirmó Weinstein.
Representantes de la asociación de pequeños mineros Sonami, el consejo minero, la cámara minera y el propio Weinstein han señalado públicamente que este aspecto contribuye a una inseguridad jurídica que pone a Chile en desventaja en la economía global.
En gran medida, las empresas mineras sopesan los proyectos en todo el mundo principalmente en términos de potencial geológico versus certeza legal, señaló Weinstein. “El potencial geológico de Chile no es tan grande, porque ha sido muy explorado, pero hasta ahora ha tenido la ventaja de la seguridad jurídica”, dijo, y agregó que temas como la falta de un estatuto permanente y la discusión en curso para modificar la regalía régimen podrían dejar los proyectos en Chile con un balance negativo.
Una estrategia para disminuir la incertidumbre es que las empresas mineras utilicen los tratados internacionales de inversión como cobertura, sugirió Weinstein, agregando que algunos juniors le han pedido consejo al respecto.
Entre los artículos aprobados en el proyecto de Constitución se encontraban propuestas en el sentido de que el estado se comprometería a proteger los intereses de las operaciones mineras pequeñas y artesanales; que la carga financiera de reparar los daños al medio ambiente derivados de la actividad minera recaerá sobre la empresa responsable de esa actividad; y cláusulas que prohíben totalmente la minería en glaciares, áreas protegidas y áreas sujetas a leyes que protegen los recursos hídricos.
El subcomité de medio ambiente dentro de la Convención fue el último comité en presentar su propuesta, y ahora un comité de “armonización” estudiará el proyecto de constitución completo para garantizar que todas las propuestas sean legalmente sólidas. Otros dos comités determinarán la mejor manera de hacer la transición al nuevo conjunto de reglas.
ROYALTY, PATENTES TODAVÍA SIN DEFINIR
Si bien el nuevo gobierno ha coincidido en que la actitud dentro de la Convención Constituyente va en contra de su postura a favor de la minería, también ha enfatizado que no puede entrometerse en el proceso de redacción de la nueva Carta Magna.
No obstante, en un artículo reciente, el subsecretario de Minería, Willy Kracht, aclaró que el gobierno y el propio sector participarán en la discusión para modificar las normas mineras de acuerdo con las pautas establecidas en la nueva constitución.
Lo que no está claro es si la nueva constitución tendrá un impacto en la reciente ley que aumenta el costo de los patentes o en eventuales modificaciones a las reglas de regalías, en caso de que la discusión sobre regalías en curso conduzca a una ley antes de que se apruebe la nueva constitución.
“Sería ingenuo pensar que, dado que el proyecto de constitución apenas cambia el estado actual de las cosas, no ocurrirán cambios [más adelante]”, según Weinstein.
Dado que uno de los artículos aceptados destaca la obligación del estado de apoyar a los pequeños mineros, el cambio de febrero al código minero que elevó la tarifa de patentes a 3/50 UTM (US$ 4,1) por hectárea desde la tasa actual de 1/50 UTM por hectárea podría ser un punto de fricción.
Aunque todas las partes están de acuerdo en que la medida debería incitar a varias empresas a vender
Rechazada la propuesta medular de un
Estatuto Minero, se abre la puerta para
regular materias claves por ley simple.
propiedades que han mantenido de manera especulativa, Weinstein cree que esto no es un problema para la mayoría de las grandes mineras, que fácilmente pueden darse el lujo de continuar renovando sus permisos no utilizados.
Por otro lado, al igual que el punto sobre la seguridad jurídica, la nueva tasa de patentes podría ser suficiente para que las empresas junior de exploración se abstengan de invertir en proyectos, no solo las firmas locales sino también las registradas en el extranjero. “He asesorado a varias empresas pequeñas y están muy preocupadas por esto”, dijo Weinstein, agregando que el tema de las regalías también podría ser suficiente para obligar a las empresas registradas en Canadá a preferir proyectos norteamericanos que pueden gestionarse a través de oficinas y asesores legales locales.
El gobierno chileno también ha expresado interés en fomentar la exploración, que en la opinión de Weinstein significa crear un entorno que sea atractivo para futuros entrantes, en lugar de establecer políticas basadas principalmente en las grandes empresas que ya están operando aquí.
Esto hace eco del punto señalado recientemente por el analista de Scotiabank, Jorge Selaive, de que los planes del gobierno para financiar la reforma de las pensiones, la salud y la educación se redactaron utilizando un precio del cobre obsoleto (el precio de referencia de septiembre de 2021 fijado en US$3,31/lb), lo que hace que las modificaciones a la ley de regalías parecen necesarias cuando en realidad los elevados precios actuales son suficientes.
Esta podría ser la razón por la que Cochilco actualizó recientemente su estimación del precio del cobre a US$4,40/lb para 2022 y US$3,95/lb para 2023. Sin embargo, queda por ver si el gobierno adaptará el precio de referencia del cobre a la recomendación de Cochilco.
Otro tema en el horizonte es un tratado fiscal entre EE. UU. y Chile que ha estado pendiente desde 2010. Las empresas mineras de EE. UU. pidieron recientemente al Senado de EE. UU. que finalmente firme el acuerdo, posiblemente asustadas por la discusión de regalías de Chile. Sin embargo, Weinstein cree que esto podría tener más que ver con la doble tributación, ya que los impuestos estadounidenses se aplican a las operaciones de estas empresas en Chile. Esto considerando que la combinación entre regalías y otros impuestos sigue sin definirse tanto en la discusión sobre regalías como en la nueva constitución.
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